La acusación constitucional contra el titular de Justicia pone a prueba la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, y el Gobierno intenta correr el foco del ministro hacia la institucionalidad judicial. Si el debate se traslada al sistema, las reformas que se discutan afectarán a fiscales, jueces y a cualquiera que espere una resolución en tribunales. El argumento también fija la discusión sobre qué se considera un problema estructural y cuál es una falla puntual. Cambiar la pregunta de quién responde a qué se arregla es, en sí mismo, una jugada política.