La rebaja alcanzó a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, y el Gobierno decidió cargar con la responsabilidad política sin desplazar a su ministro. Lo que se pone en juego es la confianza de las familias en que una condena firme signifique cumplimiento real de la pena. Si el proyecto avanza con apoyo transversal, el caso dejará una regla más estricta para todas las futuras revisiones de condena en el país.