Cuando un cambio en una ley de discapacidad depende de una interna de poder, las personas con discapacidad quedan como variable de negociación. El paso del proyecto por el Presupuesto 2027 puede redefinir cuántos recursos llegan a prestaciones y cuánto se postergan. El señalamiento de un riesgo país que se mantiene y una recesión en puerta vuelve más frágil cualquier compromiso fiscal. Lo que se disputa es quién decide sobre el gasto que afecta a los más vulnerables.