El fallo cierra por ahora una de las disputas más visibles por los reclamos de inversores contra España tras los recortes a las renovables. Para el Estado, significa poder seguir sin pagar en Bélgica los laudos que se ejecutan en otros países europeos, mientras que para los fondos que litigan con Madrid el precedente reduce las opciones de cobro en territorio europeo. Lo que se resuelva después va a marcar cuánto valen en la práctica los arbitrajes internacionales contra un Estado miembro de la Unión Europea.