La salida de un funcionario de Seguridad en medio de un conflicto abierto con la Justicia porteña pone en primer plano el vínculo entre el Poder Ejecutivo y los tribunales. Las sanciones patrimoniales que menciona podrían convertir la discusión en un reclamo personal con consecuencias económicas. Lo que se defina sobre la aceptación de la renuncia y sobre el apercibimiento va a marcar cuánto margen tienen los funcionarios para discutir con los jueces.