La salida deja vacante un cargo clave en el área penitenciaria federal y expone un conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Justicia por la ejecución de decisiones judiciales. El episodio pone en juego el límite entre las competencias del Gobierno y las de los tribunales, un tema que determina cómo se cumplen las órdenes en el sistema penitenciario. Quedará por verse si el reemplazo cambia la relación con la Justicia federal.