Una orden de detención contra una figura pública en una causa por agravios a una persona con discapacidad fija un límite concreto a lo que se puede decir en redes y en medios sobre personas vulnerables. El caso mide cuánto pesa la protección de esas personas frente a la exposición pública. Lo que se resuelva en los próximos días va a marcar el precedente que otros casos van a invocar.