Un recorte de 7.000 millones en infraestructura altera la ejecución de obras que en Perú dependen de esas transferencias para avanzar. Si la cifra se aprueba, los proyectos postergados quedan sin fecha cierta y los gobiernos regionales deben reacomodar sus planes. El cambio también modifica el margen fiscal con el que el Ejecutivo pretende cerrar sus metas de déficit. Es una discusión de números que termina en rutas, hospitales y redes de agua.