Si se confirma la existencia de contratos sin prestación real dentro de un ministerio, el dinero público que debía equipar o asistir a las Fuerzas Armadas termina en manos de una red que no hace nada a cambio. La investigación apunta a un entorno cercano a la cúpula del ministerio, no a un funcionario de bajo rango. Todavía no hay condena: el caso depende de lo que la Fiscalía pueda probar sobre cada contrato.