Un jefe de Estado que descalifica en público a los periodistas que siguen una causa judicial en la que él estuvo imputado vuelve a poner en discusión el vínculo entre el poder político y la prensa. La investigación por $LIBRA sigue siendo el telón de fondo de esa tensión, y cada insulto presidencial la instala un poco más en la agenda pública. Lo que está en juego es quién define la credibilidad de la cobertura judicial cuando el propio acusado es el que la evalúa.