El expediente por presunta estafa fue cerrado por la justicia federal, pero el conflicto con la prensa sigue abierto. Si el presidente avanza con demandas contra medios, la discusión deja de ser sólo sobre el caso y pasa a ser sobre cuánto margen tienen los periodistas para publicar sobre el poder político. Quien informa sobre el Estado queda, de pronto, expuesto a un costo judicial que no depende de la verdad de lo publicado. Lo que se pone en juego es la forma en que la ciudadanía accede a la información sobre sus gobernantes.