El caso dejó en evidencia que la violencia contra médicos que practicaban abortos podía extenderse a todo un sector profesional, con temor por nuevos ataques. La condena de 25 años cierra el proceso judicial, pero no borra la pregunta sobre cómo se protege a quienes trabajan en prestaciones que generan conflicto. Para el sistema de salud, la seguridad de sus profesionales es una condición básica para que la atención siga existiendo.