La denuncia lleva el conflicto político colombiano al terreno judicial, donde una acusación formal obliga a investigar, aunque no implique una condena. Si prospera, la discusión sobre quién obstruyó el voto dejaría de ser un intercambio de declaraciones y pasaría a expedientes con nombres y pruebas. Para el electorado, el proceso de votación empieza a disputarse en dos planos a la vez: el de las urnas y el de los tribunales. Lo que se decide ahora es cuánto del debate electoral puede resolverse en la justicia y cuánto queda en manos de los votantes.