Dos mujeres, dos ciudades, un mismo hombre que, según la investigación, viajó en micro de una a la otra. Ese dato, que parece menor, es el que explica por qué esta causa avanzó tan rápido: quien se mueve entre jurisdicciones deja de ser un problema de una policía y pasa a ser un problema de varias, y solo se lo atrapa si esas policías se hablan entre sí. Acá lo hicieron: detectives de la Ciudad y personal de Córdoba lo encontraron juntos en un hotel del centro.

Lo otro que sostiene el caso es el rastro. Una sábana, cámaras de seguridad y aplicaciones de citas: tres cosas que hoy cualquiera genera sin pensarlo. Quien conoce a alguien por una aplicación deja un nombre, un celular, un horario y un lugar de encuentro guardados en un servidor, y a su alrededor siempre hay una cámara. Nadie usa esas herramientas pensando en una pericia, pero las pericias ya cuentan con ellas.

La segunda víctima, Tatiana Micaela Fernández, trabajaba en un departamento de la calle Libertad, en Retiro. Las personas que ejercen el trabajo sexual conviven con un riesgo mayor y con una red de contención más débil: suelen estar solas con desconocidos, en lugares que cambian, y su desaparición tarda más en ser advertida. Que haya un celular suyo en manos del detenido muestra cuánto pesa lo cotidiano en una investigación: un teléfono ajeno es, a la vez, una pista y una confesión muda.

Falta lo central, que es la indagatoria y, después, que la prueba alcance para sostener la acusación. Hasta entonces rige lo que corresponde: es un sospechoso, no un condenado. Pero la lección ya está a la vista y conviene que perdure. En un país donde el territorio se corta por provincias, la protección de las personas depende de que los datos circulen más rápido que quien los deja atrás.