La detención de un periodista por haber difundido convocatorias en redes abre una discusión sobre hasta dónde llega la responsabilidad penal de quien comparte llamados a la protesta. El operativo de seguridad, con un despliegue que no tuvo que enfrentar violencia, deja en evidencia cuánto de la tensión previa se alimentó de la propia confusión de los mensajes. Lo que se pone en juego es el límite entre investigar la incitación y castigar la palabra pública de un periodista.