La denuncia involucra a un presidente en ejercicio y obliga a las autoridades a decidir si existen elementos suficientes para avanzar. El pedido de priorizar el caso marca que el expediente ya no puede esperar el calendario habitual. Lo que se pone en juego es la credibilidad de las instituciones para investigar al poder con el mismo rigor que a cualquier ciudadano. La velocidad con que se responda será la primera prueba de ese compromiso.