La medida judicial deja al exsenador bajo una restricción formal que puede marcar el rumbo de sus próximos meses y de su acceso a la vida política. El caso también pone a prueba los controles migratorios entre Brasil y la Argentina, que en la práctica se apoyan en registros que deben cruzarse entre países. Para la oposición brasileña, cualquier paso en falso de la familia Bolsonaro se convierte en un nuevo capítulo de una disputa institucional que todavía no cerró.