El intento de linchamiento muestra que, cuando la justicia tarda o parece ausente, la violencia colectiva ocupa su lugar y pone en riesgo a los detenidos y a la investigación. Los crímenes contra una niña de 12 años y su abuela exigen que las causas se resuelvan por vía judicial. Que la Fiscalía haya intervenido con detenciones deja ver que el proceso penal sigue en marcha. Lo que pase con los imputados marcará hasta dónde llega la capacidad del Estado para sostener el orden.