Los contratos mencionados suman diez firmas con organismos públicos en cinco años, y uno sigue activo por más de treinta millones de pesos, cifras que obligan a revisar cómo se adjudica el dinero público. El pedido apunta al entorno del presidente y deja en evidencia que la contratación estatal puede convertirse en tema político cuando hay vínculos personales de por medio. Lo que está en juego es si estos antecedentes se aclaran con documentos o quedan como sospecha sin resolver.