Una policía municipal de apenas 84 vecinos se convierte en brazo de control migratorio federal, algo que hasta ahora se pensaba como tarea de agencias nacionales. El caso muestra cómo los acuerdos con ICE pueden extenderse a lugares con muy baja criminalidad, donde el objetivo deja de ser la seguridad local. Lo que se decide en una isla de élite termina marcando qué significa hoy la aplicación de la ley en cualquier barrio.