La usurpación fue detectada por casualidad, en una guardia, y no por un control del sistema de salud. Una persona sin título atendía pacientes con sellos ajenos y cobraba 250.000 pesos por consulta, lo que muestra cuánto puede costar una atención sin garantías. El riesgo no es solo económico: quien recibe un diagnóstico o una medicación de alguien sin formación queda expuesto, sobre todo si es menor. El caso deja la pregunta de cuántos más siguen sin ser descubiertos.