Una persona privada de la libertad murió bajo custodia del Estado, lo que obliga a la policía y a la justicia a explicar qué pasó dentro de la celda. La comparación con el caso de Keyla Martínez, cuya muerte en 2021 también generó cuestionamientos, muestra que el problema de las detenciones sin control sigue vigente. Hasta que el resultado de la autopsia no esté, nadie puede saber si se trató de una falla de seguridad, de una agresión o de una causa natural.