Cuando un solo proveedor sostiene sistemas de decenas de municipios, un ataque a ese eslabón deja sin servicio a vecinos que no tienen nada que ver con la empresa. Los trámites, los pagos y la atención cotidiana dependen de que esa plataforma funcione, y la interrupción obliga a los gobiernos locales a improvisar respuestas. El caso muestra cuán expuesta está la administración pública argentina a las fallas de terceros que nadie controla directamente.