Son 514 millones de pesos en contratos bajo la lupa de un organismo que organiza elecciones y custodia la confianza en el voto. Cuando el control interno falla en la cúspide, la pregunta deja de ser quién firmó y pasa a ser cuántas otras compras del instituto quedaron sin revisar. La renuncia cierra un capítulo, pero el expediente de auditoría sigue abierto y es ahí donde se va a ver qué tan profundo llega.