La ley obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios en un país de unos 10 millones de habitantes, algo que hasta ahora dependía en gran medida de la declaración del propio usuario. Como el plazo de aplicación es de casi dos años, las empresas tendrán que rediseñar sus sistemas de registro antes de esa fecha. El caso griego se suma a otros países europeos que discuten límites similares, y servirá de referencia para medir si este tipo de restricciones es técnicamente viable a gran escala.