El caso pone sobre la mesa cómo se reparten los riesgos entre inquilinos y propietarios cuando cambian las reglas del alquiler y los contratos viejos quedan en otra situación legal. Lo que está en juego es la previsibilidad de miles de familias que viven en viviendas alquiladas con condiciones que ya no existen en el mercado actual. Según el propio economista, la discusión depende de si la estabilidad del contrato pesa más que la renta que puede cobrar el dueño.