La idea central es que un gobierno puede usar inteligencia artificial sin entregar sus datos a una empresa extranjera, porque el modelo corre en servidores propios. Eso cambia quién decide cómo se usan los datos de los ciudadanos, sus trámites y su historial. El informe no evalúa resultados concretos ni costos reales de implementación, así que lo que se promete todavía tiene que demostrarse en la práctica.