Cuando un Estado usa IA para atender trámites o salud, la pregunta clave es quién guarda los datos y quién decide cómo funciona. Los modelos abiertos permiten correrlos en servidores del propio Estado, lo que cambia la relación de dependencia con empresas extranjeras. En la Argentina, donde cada tanto se discute la soberanía de los datos públicos, este modelo plantea una alternativa que todavía no se ve en los debates locales. La contracara es que exige capacidad técnica que no todos los organismos tienen.