Son 5,3 millones de hectáreas que dejan de estar delimitadas como distritos mineros especiales y cuyo régimen cambia en apenas 30 días, en 11 departamentos y el litoral Pacífico. Para las comunidades y las empresas que operan en esas zonas, el cambio define qué actividades se pueden desarrollar y bajo qué controles. La superficie involucrada hace que la decisión tenga efectos sobre territorios enteros, no sobre casos aislados.