Un presupuesto de $634,9 billones que entra en vigencia por decreto deja de depender del acuerdo entre las cámaras y pasa a ser decisión del Ejecutivo. Eso cambia el peso que tendrá el Congreso sobre el gasto público durante 2027 y sobre quién define las prioridades de inversión. Para las áreas que dependen de esos fondos, la pregunta que queda abierta es cómo se ejecutará una ley de ingresos y gastos que no pasó por la negociación parlamentaria completa.