El museo más antiguo del país dejó de mostrar parte de su memoria reciente, y las obras retiradas eran las que documentaban la violencia política y la diversidad sexual reconocidas por la Constitución de 1991. Cuando el Estado decide qué se exhibe, la historia que ve el público pasa a depender de un funcionario de turno. Lo que queda en riesgo es el relato común sobre lo que le pasó al país.