Prohibir reuniones y extender toques de queda en varias ciudades a la vez implica restringir la circulación y el derecho a protestar de una parte significativa de la población. Se trata de medidas excepcionales que afectan la rutina de comercios, transporte y vida cotidiana durante el fin de semana. El desenlace dependerá de si las restricciones logran contener los disturbios o si, por el contrario, aumentan la tensión con quienes se movilizan. Lo que está en juego es el equilibrio entre orden público y libertades en un momento de alta conflictividad social.