Con las marchas prohibidas y tropas en la calle, el conflicto deja de ser solo un problema de orden público y pasa a definir cuánto margen tienen los ciudadanos para protestar en Francia. El gobierno de Emmanuel Macron asume el costo político de una militarización visible, en un contexto donde la oposición ya cuestiona la respuesta. Lo que se decida en las próximas semanas va a marcar el tono de la relación entre el Estado y la protesta social.