Que la fiscalía antiterrorista asuma la causa cambia por completo el alcance de la investigación: no se trata solo de un homicidio, sino de determinar si el ataque tuvo una motivación racista organizada. Cuando un crimen de este tipo pasa a la órbita antiterrorista, se activan recursos de inteligencia, cruces de comunicaciones y una vigilancia sobre posibles redes. Para las comunidades que viven en esos barrios, la calificación jurídica define cómo el Estado reconoce el daño y qué tan en serio toma la amenaza.