Los destrozos alcanzaron comercios, instituciones públicas y una alcaldía, en una protesta que había sido convocada como pacífica. Más de 2400 detenidos muestran la escala de la represión y de la violencia. El costo recae sobre comerciantes que perdieron sus locales y sobre vecinos que quedaron con servicios públicos dañados. Cuando una marcha pacífica termina en incendio, el daño lo paga primero quien no marchó.