El despliegue de 70.000 efectivos muestra la magnitud que alcanzó la protesta y el costo que el Estado está dispuesto a pagar para sostener el orden en las calles. Casi mil detenidos en un solo operativo dejan abierta la discusión sobre cómo se garantiza el derecho a manifestarse en medio de la tensión. Lo que se pone en juego es la relación entre Gobierno y ciudadanía en un momento de conflicto abierto, con consecuencias para quienes salen a reclamar y para quienes viven cerca de los epicentros.