Un despliegue de más de 70.000 efectivos es una de las mayores movilizaciones de seguridad que se recuerdan para una protesta en Francia. La medida anticipa que el Estado espera enfrentamientos y deja en claro que el costo de ese operativo recae sobre los ciudadanos y las ciudades que deberán convivir con restricciones de circulación. La tensión entre el derecho a manifestarse y el control del orden público vuelve a quedar en el centro del debate europeo.