Un operativo de esta escala implica que el Estado francés considera que el riesgo de nuevos saqueos es real y no puntual, y que la respuesta será preventiva antes que reactiva. Más de 3.000 comercios atacados y daños al patrimonio urbano dejan un costo económico que recae sobre pequeños y medianos negocios, muchos de los cuales ya no tendrán forma de recuperar lo perdido. Lo que se pone en juego es el equilibrio entre garantizar el derecho a protestar y evitar que la violencia se convierta en la forma dominante de expresión.