El despliegue de 70.000 agentes muestra el tamaño del temor oficial a que la protesta derive en violencia urbana, con comercios dañados y calles bloqueadas durante horas. Cada manifestación de este tipo golpea la actividad económica de los centros urbanos y obliga a cerrar negocios que dependen de la jornada. El mayor control policial también pone en juego el derecho a protestar frente a la necesidad de preservar el orden público. Lo que pase en las calles en las próximas horas dirá si el gobierno logra contener la tensión o si el conflicto se prolonga.