Cuando el reclamo es por el precio de la vida diaria, cada protesta prohibida deja el conflicto sin cauce y lo empuja a la calle. El gobierno gana tiempo al restringir marchas, pero cada restricción se paga con más tensión en la próxima convocatoria. Para quien vive con un sueldo que ya no alcanza, la discusión sobre el derecho a reclamar termina pesando tanto como la inflación. Si la política no ofrece respuesta al bolsillo ni espacio para expresarse, el malestar sigue acumulándose.