La fecha fijada pone fin a una espera de más de dos años que dejó al paciente en un limbo legal y médico. El caso vuelve a poner sobre la mesa cuánto pueden tardar en concretarse los procedimientos de muerte asistida en España, donde los plazos y los trámites administrativos pesan tanto como la decisión misma. Lo que queda en juego es si el derecho reconocido por la ley llega a tiempo a quienes lo solicitan.