Si una empresa estatal queda con créditos incobrables por una aerolínea privada, el costo termina en las cuentas públicas que sostienen esas compañías antes de su venta. Para los pasajeros afectados, el reclamo por reintegros sigue abierto y sin un mecanismo claro de cobro. El caso deja planteado cómo se reparten las pérdidas cuando un negocio privado fracasa en un sector regulado por el Estado.