El caso pone en juego la capacidad de la Justicia brasileña para hacer cumplir sus restricciones cuando un investigado cruza fronteras. Los vínculos entre países de la región para pedir extradiciones o cooperar en causas de lavado dependen de cómo se resuelva este viaje. Un destino incierto deja abierta la pregunta sobre dónde podrá ser juzgado el legislador y con qué garantías.