Cuando un dirigente acumula causas por lavado, desvío de salarios y financiamiento irregular, la discusión deja de ser política y pasa a ser institucional. Un proceso penal que sigue abierto mientras el acusado está fuera del país obliga a medir cuánto pesa la cooperación judicial entre Brasil y otros Estados. Lo que se juega ahora es si la investigación llega a un juicio o se diluye en la distancia.