Si la orden de retener pasaportes se confirma, implica una restricción a la libertad de movimiento de un dirigente político tras una contienda electoral, algo que pone a prueba la independencia de las fuerzas de seguridad frente al poder de turno. La denuncia llega sin que se hayan presentado todavía pruebas públicas de la medida. El caso queda como precedente de cómo se tensiona la relación entre el Estado y la oposición en Brasil.