Que un político brasileño con causas abiertas salga del país con respaldo de un gobierno extranjero compromete las relaciones diplomáticas y la forma en que la Argentina participa en conflictos de otros países. Las decisiones sobre quién cruza una frontera y bajo qué protección pasan del terreno judicial al de la política exterior, con costos que no se miden en la misma escala. El uso de vehículos y recursos diplomáticos para un movimiento de este tipo deja una pregunta abierta sobre los límites del Estado en el asunto.