Una orden judicial que impide salir del país pone a prueba la capacidad de control de las fronteras, y este caso lo expone en un punto sensible como Puerto Iguazú. Cada vuelo revisado y cada control reforzado tiene un costo operativo y político que recae sobre las fuerzas de seguridad. Lo que se decida en los próximos días va a marcar cuánto puede pesar un apellido frente a un expediente judicial.