Brasil enfrenta una disputa poco habitual, con el derrotado cuestionando públicamente el resultado de una elección presidencial que el sistema electoral dio por válida. Los reclamos ante el tribunal obligan a que las instituciones respondan con pruebas y plazos, y cualquier demora alimenta la desconfianza de millones de votantes. Lo que se pone en juego es si la transición de poder se hace por la vía judicial o por la presión política sobre las instituciones. Cuando el perdedor no acepta las reglas, el problema deja de ser el resultado y pasa a ser el sistema que lo produce.