Una impugnación formal del resultado presidencial en la principal economía de la región abre un conflicto institucional que puede tensionar al Tribunal Superior Electoral y la transición de gobierno. Cuando el perdedor pone en duda el procedimiento y no solo la votación, la discusión se traslada del voto a las reglas del juego, y eso afecta la confianza de millones de electores que ya no saben qué esperar del recuento.