El caso pone a prueba los controles de identidad y de custodia en las maternidades públicas, donde un error o una maniobra puede separar para siempre a una madre de su hijo. Según la denuncia, los registros médicos previos al parto serían la principal prueba en disputa, y de ellos dependerá si la investigación avanza hacia la acusación formal. Lo que se juega es la confianza de quien entra a un hospital público para parir. Cuando esa confianza se rompe, la pregunta deja de ser qué pasó en una sala y pasa a ser quién cuida a quien cuida.